El artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la autonomía universitaria, permitiendo a las universidades autónomas darse sus propias normas de gobierno, funcionamiento y administración eficiente, con el fin de planificar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. A su vez se establece la inviolabilidad del recinto universitario.

Los acontecimientos que se han visto en la Universidad de Los Andes, núcleo Mérida resultan repugnantes (por decir lo menos).

Partiendo del hecho en sí: que hubieran entrado al recinto universitario el pasado jueves 25 de mayo funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacionales atropellando a estudiantes, quienes se encontraban manifestando contra la sentencia de la Sala Electoral del T.S.J, tiene significación en sí mismo (entra en abierta contradicción con una garantía consagrada en la Carta Magna en su artículo 109), además constituye una afrenta para la comunidad universitaria al lesionar el principio contemplado en el artículo 5 del Reglamento Electoral de la U.L.A., provocando de este modo el enojo de los estudiantes y de todos quienes formamos parte de todas las casas de estudios superiores a lo largo y ancho de nuestra nación.

Se agrava la situación cuando advertimos que dicha diligencia llevada a cabo por funcionarios de las F.A.N, fue producto de una orden emanada por parte de la Sala Electoral del T.S.J, vulnerando así el principio garantizado en nuestra constitución y movilizando todo un aparato bélico contra jóvenes cuya misión principal ahora es formarnos, para nada tenemos interés de enfrentarnos en una guerra a muerte contra nuestros propios militares, cuya misión principal (de paso) es protegernos y defendernos.

Pueden pretender excusarse alegando que no es la primera vez que actos semejantes ocurren, dado que en la década de los 70 (dentro del famoso y mal llamado período de la cuarta república), el gobierno de turno cerró la U.C.V. por un par de años.

Sin embargo aquí lo que se está poniendo a prueba es el poder real del Estado, reflejado en la administración de justicia, cuando el artículo 334 de de la Constitución señala: "Todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución".

De ahí que dicho suceso tenga una significación mucho más amplia que el haber violentado el recinto universitario (sin restarle en lo absoluto importancia al suceso, sino con la intención de comprender de un modo más amplio qué significa dicho atropello).

Tales acontecimientos revelan una vez más, cómo autoridades gubernamentales dejan de lado sus funciones, para ocuparse de asuntos que no le son propios, desatienden sus deberes, misiones que ningún ciudadano o particular puede cubrir, a cambio se inmiscuye en asuntos que no le son propios, consiguiendo así que el Estado se fortalezca mucho. El problema es que se fortalece solo en lo político, porque en administrar justicia y en cumplir la constitución y las leyes es sumamente débil.

Cuando un Estado va creciendo en poder político, se va perdiendo el sentido de la política, que debería ser gobernar basándose en lo que nos es común a todos, se empieza a guiar al país fundamentándose sobre la base de los intereses particulares (por aquello de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta).

Se va llegando de este modo a una anarquía. Entendiendo anarquía como situación de un país caracterizada por la ausencia de un gobierno con autoridad necesaria y sumido en conflictos desordenados.

La mejor manera de solucionar dichos conflictos es que de una vez por todas, funcionarios del poder público nacional (en todas sus ramificaciones y en todos sus niveles), sean capaces de sujetarse a las leyes, asumiendo sus atribuciones así como sus límites, cumpliendo con sus deberes y garantizándonos a los ciudadanos, en toda la extensión del territorio nacional nuestros derechos; desde aquellos fundamentales (entiéndase seguridad y propiedad) hasta el respeto de los límites y las normas a todas las instituciones en general (incluyendo las autónomas).

Y qué mejor provecho de tener un poder público nacional sujeto a las leyes que depositar nuestra confianza en unas Fuerzas Armadas Nacionales al servicio de los ciudadanos dispuestos a resguardar la seguridad nacional, certeza del respeto a la igualdad jurídica y política, autoridad para que las personas podamos autodeterminarnos..., simplemente un poder público que nos garantice a todos los ciudadanos nuestros derechos fundamentales.

Y qué mejor desafío para los jóvenes, para quienes nos estamos formando, dar el todo por ese todo que más que autonomía es el fin de preservar todos los derechos propios de una sociedad con valores democráticos en su totalidad.

Es todo esto lo que hay escondido detrás de la exigencia que se ha hecho manifiesta en lo últimos días; detrás del reclamo por el respeto a la constitucional garantía de autonomía universitaria está la demanda para que nos sean respetadas todas nuestras garantías.